La Asociación de Canalistas de Mallarauco junto a la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del Río Mapocho presentaron una demanda judicial contra la Aguas Andinas por el proyecto “Retorno Maipo”, iniciativa que contempla desviar aguas servidas tratadas desde la planta Mapocho-Trebal hacia la Primera Sección del río Maipo mediante un acuerdo con organizaciones de regantes.
La acción busca anular el contrato firmado en 2021, argumentando que las aguas tratadas deben ser restituidas obligatoriamente al río Mapocho, tal como lo establecen las normas sanitarias y ambientales vigentes.
El conflicto se originó debido a que el proyecto pretende trasladar al menos 3.000 litros por segundo de aguas tratadas que actualmente son descargadas en la Tercera Sección del río Mapocho.
Según los demandantes, esta reducción afectaría directamente a agricultores, comunidades rurales y ecosistemas que dependen de ese caudal, especialmente en períodos de sequía.
La asesora legal de la organización, Daniela Dasencich, nos explica la historia del proceso:
Las organizaciones sostienen además que Aguas Andinas no tiene atribuciones legales para disponer libremente de estas aguas tratadas, ya que forman parte de un sistema sanitario regulado por el Estado y financiado mediante tarifas pagadas por los usuarios.
Desde la Asociación de Canalistas Canales de Mallarauco advirtieron que el impacto podría ser devastador para el valle agrícola de la zona. De acuerdo con estimaciones técnicas incluidas en la demanda, cerca de 2.700 hectáreas dejarían de cultivarse, provocando pérdidas superiores a los 45 millones de dólares anuales y una fuerte disminución de empleos agrícolas.Asimismo, cuestionan que una redistribución hídrica de esta magnitud pueda acordarse entre privados sin una planificación integral de la cuenca y sin participación de todos los actores involucrados.
Raúl Vigneaux, Gerente de la asociación de canalistas de Mallarauco, canal Mallarauco, nos explica que, ellos buscan un acuerdo justo, con una solución integral para sus asociados.
Finalmente, los demandantes recalcaron que la seguridad hídrica debe abordarse mediante soluciones sostenibles y coordinadas, considerando el equilibrio completo de la cuenca Maipo-Mapocho, la protección de los ecosistemas y el abastecimiento de agua para comunidades y actividades agrícolas.
