La Contraloría General de la República dio a conocer el listado completo de celebraciones analizadas en el marco del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, documento que examina los gastos municipales asociados a festividades durante los años 2024 y 2025, poniendo énfasis en su pertinencia y respaldo normativo.
El organismo precisó que el análisis excluyó de manera deliberada aquellas celebraciones reconocidas por ley o de carácter transversal, como Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo, aniversarios comunales y festividades tradicionales o costumbristas, considerando su impacto económico y turístico en los territorios.
En contraste, el informe se centró en actividades que no necesariamente cuentan con una justificación normativa, cultural o de desarrollo comunal, como exige la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, abriendo cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en este tipo de eventos.
Uno de los puntos más relevantes del CIC N°22 es la advertencia sobre municipios donde el gasto en celebraciones superó el destinado a asistencia social para personas naturales, situación que será objeto de fiscalización y eventuales exámenes de cuentas por parte del ente contralor.
En la provincia de Melipilla, durante 2024 solo figura la comuna de Alhué con un gasto de $80.368.190. Para 2025, en tanto, se incorporan Melipilla con $49.157.349, Alhué con $79.811.880 y San Pedro con $65.981.412, evidenciando un aumento en la cantidad de municipios observados.
Respecto a la provincia de Talagante, el año 2024 aparecen Padre Hurtado con $246.276.968, Talagante con $127.271.215 y Peñaflor con $85.786.938. Para 2025, las cifras corresponden a Padre Hurtado con $198.461.836, Talagante con $153.270.455 y Peñaflor con $89.356.057.
Desde la Contraloría reiteraron que este tipo de gastos debe estar directamente vinculado al cumplimiento de funciones municipales y orientado al interés general de la comunidad, evitando desembolsos excesivos o sin respaldo técnico.
El informe instala presión sobre los municipios para justificar el uso de recursos en celebraciones, en un contexto donde la priorización del gasto público y la transparencia vuelven a estar en el centro del debate local.
