La Contraloría General de la República, mediante el pronunciamiento técnico N° 126093 y tras una denuncia de oficio presentada por el diputado Juan Irarrázaval, ha instruido formalmente a la Municipalidad de Melipilla judicializar el cobro de los fondos públicos utilizados por el actual concejal José Luis Cabión, el exconcejal Fernando Pérez y el exdelegado Bastián Alarcón, en el marco de un viaje de capacitación a La Habana, Cuba, realizado en abril de 2024.

Así lo explicó a Radioprensa, el propio Diputado Juan Irarrázabal.

Esta determinación se fundamenta en que las gestiones administrativas de cobranza efectuadas por la corporación municipal entre los años 2025 y comienzos de 2026 fueron calificadas como insuficientes por el organismo fiscalizador, al no haber logrado la restitución efectiva de los recursos al erario nacional.

Al respecto, el diputado Irarrázaval ha subrayado que los montos deben ser cancelados íntegramente por los propios involucrados, desestimando los argumentos de las defensas que pretendían trasladar dicha carga financiera al municipio.

Recalcó que la Contraloría mantendrá una vigilancia permanente para que el proceso en tribunales escale hacia una instancia de carácter inquisitorio.

En paralelo a la acción judicial, la autoridad fiscalizadora anunció la apertura de un examen de cuentas exhaustivo para revisar detalladamente la legalidad del trato directo y el destino de los recursos, procedimiento que busca determinar nuevas responsabilidades administrativas o patrimoniales.

Con esta medida, el caso abandona la sede administrativa para radicarse en el ámbito de la justicia ordinaria, reforzando la línea de fiscalización estricta sobre el uso de recursos municipales en giras internacionales que carecen de una justificación técnica o de un retorno institucional acreditable para la comunidad.