El diputado por el distrito 14, Juan Irarrázaval (PR), sostuvo una reunión de trabajo con operadores de transporte rural y el ministro de Transportes, Louis de Grange, para abordar el impacto del alza de los combustibles en el sector.

 Tras el encuentro, el parlamentario confirmó que no se realizarán aumentos extraordinarios en las tarifas de los recorridos rurales de la Región Metropolitana en el corto ni mediano plazo, limitándose cualquier variación futura sólo a lo estipulado originalmente en los contratos de operación.

Según lo informado, el Ministerio de Transportes se comprometió a implementar los mecanismos de ayuda legalmente aprobados antes del cierre del mes de abril, con el objetivo de mitigar la contingencia económica actual. 

Durante la instancia, Irarrázaval denunció una “injusticia histórica” en el trato hacia las zonas rurales y cuestionó al Gobierno Regional, encabezado por Claudio Orrego, por la falta de liberación de fondos destinados por ley a este tipo de transporte. 

El legislador enfatizó que la retención de estos recursos impide una mejora sustantiva en la frecuencia y calidad del servicio, así como una eventual baja en los pasajes, por lo que instó a la autoridad regional a dar cumplimiento a la normativa vigente para beneficiar a las comunidades de Buin, Melipilla y Peñaflor en sus empresa de transporte reguladas. 

También se le preguntó al Diputado Irarrázabal, por lo que pasa en algunas regiones e incluso dentro de estas provincias, donde empresas que están fuera del perímetro de exclusión y no tienen contrato con el Ministerio de Transporte y que han subido o están subiendo sus tarifas y esta fue su respuesta.

El compromiso alcanzado con el Ministerio de Transportes asegura que cualquier ajuste en los pasajes se regirá estrictamente por los contratos originales y no por la contingencia del precio de los combustibles.

Sin embargo, la efectividad total de esta medida y la mejora en la calidad del servicio (frecuencia y cobertura) quedan supeditadas a la liberación de recursos por parte del Gobierno Regional. 

Mientras no se transfieran los fondos que por ley corresponden a las zonas rurales de provincias como Melipilla, Talagante y Maipo, el sistema operará bajo una presión financiera que impide una reducción efectiva en el costo final para los usuarios.