En un hito técnico y político sin precedentes, la Comisión de Evaluación Ambiental Regional otorgó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable a la expansión portuaria de San Antonio. La decisión llega tras seis años de compleja tramitación, despejando el camino para la obra de infraestructura logística más ambiciosa del país, que busca triplicar la capacidad de transferencia de carga en la zona central de Chile.
El desarrollo de este megapuerto estructural implicará una inversión global de 4.450 millones de dólares, ejecutada bajo un modelo mixto:
El Estado destinará 1.950 millones de dólares para la infraestructura pública habilitante, que incluye un molo de abrigo de 4 kilómetros, obras de dragado profundo y accesos viales y ferroviarios de alta capacidad.
También con aporte Privado, ya que se invertirán 2.500 millones de dólares a través del sistema de concesiones portuarias, recursos destinados al equipamiento tecnológico, superestructura y operación de los terminales.
Para alcanzar esta fase, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) lideró un proceso de seis años que incluyó tres participaciones ciudadanas, tres adendas y una consulta indígena.
Con la aprobación en mano, el gerente general de EPSA, Fernando Gajardo, confirmó que la institución ya inició las etapas operativas para el proceso de licitación.
Ante la cuestionada presencia del proyecto en el entorno del humedal urbano Lagunas de Llolleo, Gajardo enfatizó que la empresa cumplirá estrictamente con las 22 medidas de mitigación y compensación ambiental fijadas para garantizar la protección de este ecosistema.
El alcalde de la comuna puerto, Omar Vera Castro, destacó que el proyecto detonará un potente desarrollo territorial, económico y social en la región, clave para una economía basada en el rol exportador.
Como parte del compromiso social, el megapuerto incorporará más de 60 hectáreas de espacios públicos e integrados, destacando:
La remodelación del Parque DYR y la creación del Parque Lagunas de Llolleo, el nuevo Paseo El Molo, que sumará miradores y un paseo peatonal de 1.500 metros sobre el rompeolas, el mejoramiento de la Playa Pacheco Altamirano y un plan de reasentamiento para 217 predios de las poblaciones Brisas del Mar y Juana Aspee, junto con programas de apoyo para la pesca chinchorro y comunidades mapuche Lafquenche.
Cerremos señalando que, si bien hay alegría en los involucrados en el proyecto, hay preocupación por las externalidades del proyecto como saturación del tránsito, polución, cuidado del medioambiente y ruido en colegios cercanos a la megaobra.
