La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de ley "Escuelas Protegidas", una iniciativa que busca reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales mediante medidas punitivas y de control físico.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado una firme resistencia en el gremio docente.

José Luis González, secretario general del Colegio de Profesores de Melipilla, manifestó su preocupación frente a la normativa, señalando que la instalación de elementos como pórticos detectores de metales o el aumento de sanciones sólo genera una "falsa sensación de seguridad".

Según el dirigente, estas medidas pretenden "tapar el sol con un dedo" al enfocarse en los síntomas de la violencia y no en el origen social y psicológico de las conductas disruptivas que afectan a las comunidades escolares.

Desde la perspectiva del magisterio melipillano, el proyecto ignora las demandas históricas que el gremio ha planteado durante años para mejorar el sistema de salud mental y fortalecer los ambientes educativos.

González enfatizó que el problema de la violencia es profundo y multifactorial, originándose en el entorno familiar, la falta de comunicación y la dependencia excesiva de la tecnología.

Señaló, además que el proyecto "Escuelas Protegidas", el Colegio de Profesores de Melipilla sostiene que la verdadera solución radica en un trabajo mancomunado entre padres, docentes y el Estado para abordar la crisis de convivencia desde su raíz.

Para el secretario general del colegio de Profesores de Melipilla, aplicar leyes de carácter estrictamente punitivo, como la expulsión de estudiantes, no resuelve el conflicto, sino que simplemente "tira el problema para el lado", dejando a jóvenes con conductas de riesgo en la calle sin un acompañamiento psicosocial real que permita su rehabilitación y reinserción.

González, indicó que para la generación del proyecto no se consultó a los profesores.

La crítica de los profesores apunta a que, sin una inversión significativa en apoyo profesional y un cambio en la dinámica familiar, la ley corre el riesgo de ser una respuesta administrativa insuficiente ante un fenómeno social complejo que requiere prevención más que castigo.