Una publicación del diario El Mercurio reveló que el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una reducción de 30 mil subsidios habitacionales a nivel nacional, lo que ha generado inquietud entre los comités de vivienda que llevan años gestionando el acceso a una casa propia.

 La noticia ha tenido especial repercusión en comunas como Melipilla, donde el déficit habitacional es reconocido por autoridades y organizaciones locales.

Según información recopilada en terreno, actualmente existen 64 comités registrados en Melipilla, mientras que otros 75 grupos presentan una situación incierta debido a la falta de información formal sobre su estado o continuidad. 

Esta fragmentación administrativa y la ausencia de seguimiento institucional dificultan la planificación y el acceso a políticas públicas de vivienda.

El ex concejal Darío Jérez, quien asesora directamente a un comité y mantiene vínculos de trabajo con otros nueve, manifestó su preocupación por el impacto que tendrá el recorte presupuestario en los procesos de postulación.

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A su juicio, existe una falta de compromiso transversal de los estamentos públicos con los comités habitacionales, lo que impide enfrentar de manera efectiva el déficit de viviendas en la comuna.

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Jérez también denunció que más del 60% de las viviendas construidas en Melipilla han sido arrendadas o vendidas, lo que, según él, distorsiona el objetivo social de los subsidios habitacionales. 

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Además, acusó a algunas Empresas de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) de interferir en el trabajo de los comités, captando postulantes de forma directa y debilitando la organización comunitaria.

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El caso expone la necesidad de revisar los criterios de asignación de subsidios y fortalecer el rol de los comités como actores legítimos en la planificación habitacional. 

Desde distintos sectores se ha comenzado a plantear la urgencia de una política comunal de vivienda que permita articular esfuerzos, garantizar transparencia en los procesos y priorizar a quienes han mantenido una trayectoria activa en la gestión de su proyecto habitacional.

El recorte presupuestario, sumado a la falta de información y coordinación local, configura un escenario complejo para cientos de familias que aún esperan una solución definitiva a su necesidad de vivienda.