Una nueva arista judicial suma el histórico conflicto del cierre de la calle Ugalde desde Correa al poniente.

El pasado 11 de mayo, representantes de la familia Silva Pérez, con el patrocinio del abogado Jorge Gómez, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, denunciando como un acto "arbitrario e ilegal" el levantamiento de un muro sólido que bloquea el tránsito en dicha arteria.

El cierre fue ejecutado el pasado 5 de mayo por miembros de una familia del sector que alega propiedad del mencionado terreno, ubicado específicamente en el tramo comprendido entre las calles Correa y Rano Raraku.

Esta acción ha generado gran preocupación entre los residentes, quienes ven interrumpido el flujo vial en el sector.

Según detalló el abogado Gómez, este no es un conflicto nuevo. Ya en el año 2007, la Corte Suprema se pronunció sobre la naturaleza de esta vía, rechazando pretensiones anteriores de privatización.

El jurista agregó que la instalación del muro no solo afecta la plusvalía y el tránsito diario de los vecinos, sino que plantea un escenario de riesgo ante emergencias.

Enfatizó que el bloqueo impide el paso de vehículos de servicios básicos y de urgencia.

El recurso busca que la justicia ordene la demolición inmediata de la estructura y se restablezca el derecho a libre tránsito de la comunidad melipillana.

Actualmente, se espera que el tribunal de alzada solicite los informes correspondientes a las partes involucradas antes de dictar sentencia.

Mientras se espera el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el conflicto por el cierre de la calle Ugalde vuelve a instalar el debate sobre el uso y acceso a espacios de tránsito público en Melipilla, en medio de la inquietud de vecinos que exigen una pronta solución para restablecer la conectividad del sector.