El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, tras ser formalizado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. El tribunal estimó que su libertad representa un peligro para el éxito de la investigación.

El juez Daniel Urrutia concluyó que el exparlamentario habría utilizado recursos públicos para fines personales y montado una estructura de financiamiento irregular vinculada a campañas políticas y beneficios para su entorno cercano.

Durante la audiencia, se acreditó que al menos siete asesores parlamentarios recibieron pagos del Congreso por cerca de $68 millones, pese a que realizaban labores de campaña. Además, la investigación estableció el uso de fondos públicos para desarrollar “Social Task”, plataforma destinada a recopilar bases de datos de electores incluso fuera de su distrito.

La PDI también detectó archivos denominados “Master Servel”, con nombres, RUT y domicilios de votantes a nivel nacional, información que habría sido obtenida y comercializada de manera irregular.

El tribunal validó además la existencia de boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados, incluyendo contrataciones de personas sin funciones reales, cuyos sueldos terminaban en cuentas vinculadas a los imputados. Según la Fiscalía, el perjuicio fiscal supera los $39 millones.

En otra arista, el magistrado apuntó a la influencia de Lavín León en la Municipalidad de Maipú durante la administración de Cathy Barriga, señalando presiones en contrataciones y despidos de funcionarios para favorecer intereses políticos y personales.

Al fundamentar la prisión preventiva, el juez afirmó que “la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados”, argumentando la gravedad y reiteración de los delitos investigados.

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente valoró la resolución y confirmó que el tribunal dio por acreditada la participación de los imputados en una red destinada a desviar recursos públicos hacia fines particulares. El plazo de investigación fue fijado en 120 días.